Navarra y Aragón reafirman su compromiso para colaborar en la digitalización de la Justicia

El sistema de gestión procesal AVANTIUS continuará empleándose en Aragón, tras la firma de un contrato con Tracasa Instrumental.

En primera línea, la consejera de Aragón, Mayte Pérez; el consejero Eduardo Santos; y la directora gerente de Tracasa Instrumental, Mar González.

El Gobierno de Navarra y el Gobierno de Aragón han reafirmado, este lunes, su compromiso para colaborar en la digitalización de la Justicia, convencidos de que “la eficiencia que permite es imprescindible para lograr un servicio público de calidad para la ciudadanía”. Así lo han expresado el consejero de Políticas Migratorias y Justicia de Navarra, Eduardo Santos, y la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, que han mantenido una reunión de trabajo en Zaragoza.

El encuentro se ha producido de manera simultánea a la firma del contrato entre el ejecutivo aragonés y la empresa pública navarra Tracasa Instrumental, adscrita el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, por el cual Aragón continuará con la utilización del sistema de gestión procesal AVANTIUS.

La cesión gratuita de esta herramienta al gobierno aragonés se produjo mediante un convenio de colaboración firmado en 2017, renovado entre ambos ejecutivos, mediante “adenda de prórroga”, en septiembre del año pasado para cuatro años. Hoy se completa con el contrato firmado con Tracasa Instrumental.

En la rúbrica han estado presentes, además de los respectivos consejeros, la directora gerente de Tracasa Instrumental, Mar González Paredes; Roberto Clerigué Arrieta, director de su Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas de Información; y Javier Amézqueta Pueyo, responsable del área de Justicia e Interior de la empresa. En representación de los gobiernos, han asistido también el director general de Justicia de Navarra, Rafael Sainz de Rozas; y su homóloga en Aragón, María Ángeles Júlvez.

El consejero Eduardo Santos; la consejera de Aragón Mayte Pérez y la directora gerente de Tracasa Instrumental, Mar González.

Para el consejero Eduardo Santos, la prórroga del convenio supone “la demostración del valor que tiene el sistema de gestión procesal, que es toda una enseña para Navarra y en cuya expansión trabajamos durante toda la legislatura”. Santos ha destacado que “el hecho de que quien lo ha probado lo mantenga es, sin duda, la mayor muestra de su eficacia”.

Además, ha destacado “la gran sintonía” encontrada en el Gobierno de Aragón en materia de Justicia. Tanto la consejera Mayte Pérez, como la directora general de Justicia, María Ángeles Júlvez, “son aliadas en el empeño de lograr una Justicia más eficiente, cercana, ágil y humana”, ha señalado Santos; unos principios que, ha querido recordar, “se comparten también con el ministerio, que los ha plasmado en su plan de Justicia 2030”.

Desde el Gobierno de Aragón, por su parte, Mayte Pérez ha destacado la “colaboración plena” que existe entre ambos gobiernos autonómicos en esta materia y ha alabado “el ejercicio de generosidad” del Ejecutivo navarro “a la hora de compartir conocimientos”.

La titular de Presidencia ha calificado la implantación de AVANTIUS en Aragón como “un hito fundamental” en el proceso de modernización judicial que emprendió hace seis años el Gobierno regional. Lo que “ha permitido mejorar sensiblemente este servicio público en cuanto a tiempos, en agilidad y en la calidad de la prestación”. Y ha puesto como ejemplo que, pese a la parálisis provocada por el COVID-19, con el sistema Avantius se han “limitado los retrasos” y se ha “facilitado el teletrabajo”.

La directora gerente Tracasa Instrumental, Mar González Paredes, ha mostrado su agradecimiento al Gobierno y Administración de Justicia de Aragón por su apuesta. “Trabajar con ellos codo con codo durante otros 4 años redundará en una mejora sustancial de un sistema que ha permitido alcanzar el denominado Expediente Judicial electrónico y ha mostrado su eficacia en Navarra, Cantabria y Aragón, en unos meses marcados por las restricciones en la actividad presencial”, ha señalado.

El Plan Justicia 2030 del ministerio recoge, como objetivos y ejes estratégicos, consolidar los derechos y garantías de los ciudadanos, promover una mayor eficiencia del servicio público y garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio nacional.

Con el fin de lograr esos objetivos, uno de los aspectos destacados es el uso de la ingeniería de datos y la inteligencia artificial en el diseño de las políticas públicas. Todo ello con el objetivo de mejorar la eficiencia, transparencia y accesibilidad del Sistema Público de Justicia, tanto de cara a las decisiones que sobre él deban adoptar las administraciones públicas, como para facilitar su labor a jueces, letrados, funcionarios y resto de actores que en él intervienen.

El Gobierno de Navarra trabaja en ese sentido en dos vías complementarias. La primera, apuesta en todos los foros en los que tiene ocasión por la implantación del sistema AVANTIUS, que destaca, según todos sus usuarios, como el mejor gestor procesal para la implantación del Expediente Judicial Electrónico. La segunda, es la relativa a la inteligencia artificial, en la cual la Dirección General de Justicia coopera en un proyecto conjunto, en el que trabajan la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y Tracasa Instrumental.

Dicho proyecto tiene como objetivo la clasificación y la extracción de información de bases de datos judiciales. Se quiere utilizar la información contenida en ellas para predecir situaciones de interés para la administración de Justicia, como – por ejemplo – la recomendación de trámites a realizar en el contexto de un expediente judicial, en un momento procesal concreto. Así, mediante el preprocesamiento de los datos disponibles, se podrían desarrollar algoritmos que podrían servir de ayuda a la tramitación para las oficinas judiciales y fiscales.

Eduardo Santos ha insistido en que aplicar la inteligencia artificial permitirá que las políticas públicas en materia de Justicia “mejoren en su eficiencia para, al tomar como base los datos, centrarse en un servicio público más humano, más cercano y más justo”.

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